El CES aconseja que todos los alquileres accedan al Registro
Rechaza que la actualización de la renta al término de cada anualidad se deje
a voluntad de los firmantes que lo pacten
El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) considera prioritario
establecer que los arrendamientos se inscriban obligatoriamente en el Registro
de la Propiedad, y no dejarlos a la libre voluntad de las partes. Así, lo apunta
este organismo en su informe sobre el anteproyecto de Ley de medidas de
flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, aprobado por el
Consejo de Ministros, y en el que se muestra contrario a que la actualización de
la renta al término de cada anualidad se deje a voluntad de los firmantes cuando
exista pacto expreso al respecto.
El anteproyecto sólo deja la actualización de acuerdo con las oscilaciones
del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los casos en que no exista pacto. El
dictamen del CES considera que una medida como esta puede profundizar en el
desequilibrio en el tratamiento a las dos partes del arrendamiento, acentuando
la asimetría de poder contractual en dicha relación jurídica.
Estas razones aconsejan, a juicio del CES, mantener el mecanismo definido en
la Ley vigente, dejando como referencia el IPC, que aporta certeza y seguridad,
durante, al menos, la duración mínima obligatoria de los contratos.
Además, el Pleno del CES considera que esta norma debería inscribirse en un
plan más amplio sobre la vivienda. Asimismo, como en España el alquiler está
sobre asociado principalmente a los colectivos de menor solvencia económica, que
son los más afectados por la crisis, aconseja que se establezcan medidas para
satisfacer las necesidades de alojamiento de los sectores más desfavorecidos,
sin que se traduzca en aumentos de precio en los alquileres ni en menor
seguridad jurídica para los arrendatarios.
Sobre los cambios introducidos sobre los procedimientos de desahucio en la
futura norma, el informe aboga porque se asegure la agilización en la
realización del lanzamiento en el supuesto de falta de oposición del demandado,
garantizando en todo caso la seguridad jurídica de ambas partes.
El dictamen indica también que sería conveniente valorar si hay coherencia o
contradicción entre estas medidas de fomento del alquiler y las recientemente
aprobadas en materia fiscal.
(Fuente: eleconomista.es)
